LA LUCHA POR EL BIEN PÚBLICO EN LA REQUENA DE TIEMPOS DEL QUIJOTE. POR VÍCTOR MANUEL GALÁN TENDERO.

                La idea del espacio público en la Requena del siglo XVII.

                A comienzos del siglo XXI  se debate acaloradamente acerca del éxito real y de los límites del Estado del Bienestar. Es una cuestión medular de nuestra sociedad, de nuestra identidad ciudadana, que la situación crítica de hoy en día somete a una fuerte presión.

                Hablar de Estado del Bienestar para los tiempos de los Austrias resulta a todas luces inadecuado, ya que ni los reyes ni sus consejeros creyeron nunca que tuvieran más obligación que ante Dios para preservar o ampliar sus dominios, además de hacer guardar la fe. Sus súbditos tuvieron el inexcusable deber de auxiliarlos en la medida de sus posibilidades e incluso más.

                Un examen más atento de la realidad local tampoco nos lo descubre, pero sí un intento de regular lo público en beneficio de la comunidad de vecinos. El municipio contó con un arsenal de privilegios y franquicias que dieron cobijo a sus habitantes al precio de arrostrar costosos pleitos ante los tribunales reales. Derivadas de aquéllas, sus ordenanzas precisaron el cumplimiento de varios aspectos de la vida local.

                El regimiento, en nombre del rey, tenía el deber de servir a la república u organización política de la sociedad de Requena y su tierra, un espacio que se concebía en términos de autosuficiencia, de gusto ciertamente autárquico derivado del mundo greco-romano.

                En los albores del siglo XVII la crisis general castellana nos alcanzó de forma indiscutida y el municipio tuvo que compatibilizar la defensa del bienestar de sus vecinos con el servicio a la Monarquía, sustanciado en una onerosa contribución tributaria. Toda una contradicción digna del Barroco. En los tiempos de don Quijote nuestros regidores no dieron ninguna batalla por Dulcinea, pero sí que intentaron salvar el bien público en aquellos amargos años.

                

                Los males de principios de siglo.

                La crisis del siglo XVII fue más allá de una enorme crisis de subsistencias de una sociedad mediterránea consumidora de cereales y sometida a una aristocracia rapaz. Coincidió con un claro enfriamiento del clima en el continente europeo, la Pequeña Edad de Hielo, pero su origen último no subyace en factores naturales, sino en los límites del Estado cesarista, que en el caso de Castilla impuso una severa carga a sus gentes, lo que distorsionó sus actividades económicas.

                Las cosechas fueron malas. El 25 de septiembre de 1600 se reclamó la renta de las tercias destinada al colegio de San Bartolomé de Salamanca para que los labradores pudieran sembrar y el 12 de octubre se recurrió al Pósito ante la escasez de la cosecha en la jurisdicción de la villa. La angustia se reiteró en otros años agrarios y el 21 de julio de 1605 se volvió a recurrir a las tercias reales ante la esterilidad de los tiempos. En tales circunstancias se pidió que los recaudadores del puerto seco respetaran los derechos de Requena sobre el trigo de tránsito.

                La escasez alimentaria franqueaba las puertas a la enfermedad. El 25 de septiembre de 1600 Francisco Martínez Godoy solicitó en la Corte asoldar guardas para proteger Requena de la peste. El 7 de octubre se logró que tres personas custodiaran sus puertas, así como controlar la entrada de carros y forasteros. El 19 de octubre se pidió información de la epidemia en Valencia en medio de una situación poco favorable al intercambio regular de productos, precisamente cuando el pesado impuesto de los millones se extraía de la compra-venta del vino, la carne o el tocino. Las defunciones registradas en El Salvador aumentaron entre 1600 y 1601 en un 144%. Precisamente el 17 de mayo del segundo año Valencia dio aviso de la gravedad de la peste en la cosmopolita Sevilla.

                Las cargas fiscales resultaron una vez más aborrecibles, especialmente para los registrados en las listas de contribuyentes. Se elaboró el 11 de enero el nuevo padrón de vecinos, ya que a muchos no se les distribuyó carga en ejercicios anteriores. En las granjas los alcaldes auxiliarían en las tareas de confección. El nuevo registro solo evidenció una sima social, pues el 22 de enero de 1604 la pobreza de la gente impidió pagar el servicio: se impuso sisa sobre las carnicerías que gravaba a los más modestos. Se dibujaba un círculo vicioso que parecía no finalizar nunca.

                La falta de recursos de una monarquía que buscaba por aquellos años una paz honrosa, de reputación, y las insuficiencias de la economía castellana condujeron a la alteración del valor de la moneda, lo que originó el mal del vellón. El 27 de febrero de 1604 se ordenó a los vecinos que acudieran con toda su moneda antigua para cambiarla por la nueva en Cuenca. La inflación no se detuvo, ya que las alteraciones prosiguieron, y los castellanos prosiguieron perdiendo poder adquisitivo real.

                Algunos comportamientos anticomunitarios.

                El florecimiento del fraude acostumbra a ser compañero de la dificultad en muchas sociedades a lo largo del tiempo. De hecho la España del siglo XVII ha sido conocida como la del cénit de la picaresca, de la mala vida de la que hablara José Deleito y Piñuela.

                La prohibición de mercar vino forastero en el término, para proteger la producción local,  se incumplió por muchos vecinos. El 1 de diciembre de 1600 se denunció que muchos pobres vendieran vino nuevo y de Utiel, a catorce maravedíes el azumbre, así como que se revendiera la carne de caza. El 22 de marzo de 1601 se quiso que el vino se vendiera exclusivamente en los mesones de la villa y que los mesoneros dieran parte de toda infracción. Con el aceite, que entraba en abundancia por los portales de Valencia y de Castilla, se adoptaron similares precauciones.

                La custodia de los recursos forestales, muy codiciados por muchos particulares, se degradó. Los carrascales y los ardales no se respetaron convenientemente ante la falta de celo de los alguaciles y de los caballeros de la sierra a fecha de 18 de enero de 1601.También se deploró que algunos vecinos entraran sus ganados en la tierra llovida.

                La preocupación por guardar y conservar los términos requenenses condujo a que Felipe III aprobara en Madrid las Ordenanzas del 17 de julio de 1613.

                La pretensión de un gobierno municipal más riguroso.

                En un municipio controlado por regidores perpetuos, deudores del favor de la realeza, el deseo parece vano. De todos modos se estipuló que las elecciones de los oficios subalternos de la república se practicaran el segundo domingo después de San Miguel con asistencia de todos los regidores, siendo escogidos según usos anteriores (al parecer no siempre respetados) por mayoría de votos.

                A fin de evitar claros excesos se elegiría un procurador síndico general para el amparo de los pobres, que sería una persona cristiana y principal siguiendo igualmente la costumbre  antigua. Un escribano competente sería nombrado entre los de la villa para que asistiera a las juntas municipales y un mayordomo de propios responsable acreditaría la documentación pertinente, pues todos los libramientos municipales de dinero deberían ir convenientemente firmados, unos objetivos sencillos que no fueron fáciles de alcanzar.

                La necesaria custodia del término.

                Se insistió en la obligación de los caballeros de la sierra de dar dos veces por semana la vuelta al término bajo pena de 600 maravedíes, además de no entrar a servir a suertes. Los vecinos sufragáneos y los ganaderos herbajantes deberían auxiliarlos.

                También se insistió que la justicia de la villa escogiera a los alguaciles de campos, montes, redonda y panes. Se exigió que todo aquel que quisiera la vecindad tuviera casa y licencia para evitar el esquilmo forastero de los recursos requenenses.

                El esbozo de una cierta política de urbanismo.

                Requena ya era desde hacía cientos de años una animada localidad entre Castilla y Valencia, ocasionando la entrada y salida de arrieros, cabalgaduras, carros y mercancías no escasos problemas alrededor de la plaza de la villa. La subida de los carros que iban a las bodegas de la villa provocaba daños, prohibiéndose su acceso.

                En otras poblaciones de la España de los Austrias también se adoptaron medidas para mejorar la circulación y evitar problemas, como fue el caso de Alicante.

                La puntualización del régimen de aprovechamiento de las dehesas.

                Las dehesas, joya del erario municipal de Requena, se arrendarían por Todos los Santos. Tras deplorar su abuso, también se lamentó la enorme cantidad de ganaderos herbajantes que las emplearon.

                Así pues, se estableció que los ganados pudieran comer los rastrojos de la vega y de la huerta, siempre y cuando no estuvieran adehesados los terrenos o se destinaran al abastecedor de carnes. Se introdujo la prohibición, no presente en anteriores ordenanzas, de quitar las matas de las dehesas de Campo Arcís, San Antonio, las Cañadas y las viñas, en vista de los daños ocasionados. Se hizo el propósito de conservar la vega amojonada para el herbaje de los bueyes o de los animales de labor.

                El deseo de conseguir el equilibro de usos del suelo.

                La afluencia de los ganados forasteros originó no pocos problemas, como el del respeto de los recursos forestales y de las actividades agrarias. Los ganados no podían entrar impunemente en la vega y en los carrascales en busca de restos. Se animó que dentro de los cercados de viñas se emprendieran plantíos y arbolados. Majadas y abrevaderos no deberían ser dañados. Se vigilaría la explotación de las caleras, impidiendo todo desorden, así como la elaboración de ceniza y carbón. La precaución contra las alimañas se decía extremar cuando la expulsión de los moriscos había privado a Requena de expertos loberos de tierras aledañas, justo cuando las ovejas adquirían una importancia medular en el erario local.

                Los problemas de abastecimiento frumentario pesaron severamente sobre el vecindario y el municipio, que tenía que dedicar mayores recursos para abastecer el pósito y para sostener los pleitos por los derechos de aprovisionamiento triguero. En consecuencia, no podían entrar en los barbechos los ganados (especialmente el cabrío) desde el 1 de junio a San Miguel so pena de media fanega de trigo para el dueño de los terrenos. Tampoco el apacentamiento de los bueyes debería de perjudicar a los labradores. Especial mención merecía la protección de las viñas. Del 15 de agosto al último día de octubre no se podían tener colmenas en la redonda de las viñas.

                El cuidado del sistema de riego.

                El mal encauzamiento de las aguas suscitó serios problemas en los caminos de Requena, una villa de vocación comercial. El dinero para repararlos provendría de las penas de 200 maravedíes pagadas por los que no retornaran el agua a la acequia madre.

                Por tanto, en el gobierno de la fuente de las Reinas se insistiría en el retorno del agua a la madre de la fuente. Se prohibía dejar el agua por los caminos de la villa después de regar, la acequia del campo debería limpiarse por los vecinos convenientemente y la higiene en la susodicha fuente se extremaría ante la presencia de ganados y la cercanía del Batanejo. En los márgenes de las fuentes, especialmente en el río Magro (llamado Madalenas en el tramo más cercano a Utiel), no se cultivaría cáñamo, lino o productos de huerta.

                El cumplimiento de la tanda de regadío de Rozaleme fue objeto de atención para evitar conflictos tan innecesarios como costosos.   

                Otras propuestas de defensa del bien público.

                Las Ordenanzas de 1613 se enmarcan en un intento de rehabilitación de una Requena que se presentaba ante las autoridades regias como de corto y pobre vecindario, términos abruptos y contadas aldeas.

                Antes de su aprobación se esbozaron ordenanzas más puntuales, como las de las denuncias de los daños ocasionados por el ganado el 17 de mayo de 1601, que emanaron de aquel espíritu de restauración de la república, que llevó al enviado Francisco Martínez Godoy a defender ante la Corte el año anterior las franquicias en el puerto seco del trigo comprado en Aragón y Valencia y a reclamar la cabeza del corregimiento.  

                La lluvia sobre mojado o el fundamento del problema.

                A diferencia de las requenenses de 1506 o las alicantinas de 1600, las Ordenanzas de 1613 no se centraron en la regulación de las instituciones municipales, sino en la conservación de los recursos de los términos concejiles.

                En medio de una fuerte crisis, la afluencia de ganados ocasionó serios problemas de sostenibilidad rural. No en vano se dieron caza a bastantes alimañas entre 1605 y 1607. Entonces se añoró un tiempo pasado, el de 1560-75, de más equilibrada convivencia entre la ganadería y la agricultura.

                Lo cierto es que la degradación de lo público estaba en marcha. La visita de los mojones de 1618 costaría 10.132 maravedíes de los propios, sin conseguir virar la tendencia. Las contradicciones del reformismo ayudarían a explicar lo magro de sus resultados.

                Contradicciones de una sociedad.

                Ante unos hospitalarios cabreros, el bueno de don Quijote exclamó:

                “Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquélla venturosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío.

                Claro que “andando más los tiempos y creciendo más la malicia, se instituyó la orden de los caballeros andantes, para defender las doncellas, amparar las viudas y socorrer a los huérfanos y a los menesterosos.” Ahora bien, el hidalgo defensor de la dignidad humana exclamaría en una menos acogedora venta más tarde:

                “¿Qué caballero andante pagó pecho, alcabala, chapín de la reina, moneda forera, portazgo ni barca? ¿Qué sastre le llevó hechura de vestido que le hiciese? ¿Qué castellano le acogió en su castillo que le hiciese pagar el escote? ¿Qué rey no le asentó a su mesa? ¿Qué doncella no se le aficionó y se le entregó rendida, a todo su talante y voluntad?”.

                

                 Los señores regidores de Requena también anduvieron a vueltas entre el favor de la comunidad y la permisividad hacia el interés particular, pues su horizonte mental no era otro que el del ingenioso hidalgo, no tan alejado de la realidad social coetánea como a veces se ha sostenido.

                Las licencias de labranza de tierras del término fomentaban el cultivo del necesario cereal en un tiempo de apreturas, además de contener en cierta medida las quemas y las artigas ilegales. A principios del siglo XVII el deseo de labrar no había fenecido en Requena. Solo el 9 de enero de 1604 Juan Conejero de Villargordo pidió licencia para romper y labrar ciertos pedazos de tierra de la Derrubiada, Pedro Celada para las de las orillas de quemado de su labor de Muela y Juan Lanuza para su labor de la adehesada Albosa. Se requerían aperos de cultivo y el 11 de marzo Francisco García Lázaro consiguió permiso para sacar del carrascal de San Antonio palos de arados. Las buenas intenciones no evitaban que los usos agrícolas y los ganaderos colisionaran como hemos visto.

                El cultivo de hilazas y cáñamos redundó en provecho de varios particulares, pero no de los molineros que vieron disminuir el caudal que alimentaba sus ingenios. Desde finales del siglo XVI los parrales aumentaron y los cultivadores se hicieron dueños de las aguas para plantar melonares y hortalizas. Requena disponía de siete molinos, desde el del Concejo al de la calle del Carmen, y por culpa de ello la molienda se tuvo que hacer a siete leguas de la villa con perjuicio de los pobres, a los que se encareció su pan. De la rambla y fuente de Rozaleme se autorizaría en 1618 al regidor Diego Lozano Heredia a realizar obras de captación de sus aguas, aunque a costa de repartir entre el vecindario para sufragar sus gastos 30.000 reales o 2.727 ducados, casi el doble de lo ingresado anualmente por los propios y arbitrios durante aquella época. Cada taula de huerto cercado se gravaría con 50 ducados, de huerto no cerrado de primera calidad con 40, de segunda con 30, de tercera con 20 y de calidades inferiores de 10.

                Una imposición más se cargó sobre los cultivadores para atender a la mejor canalización de las aguas. La acequia principal discurría entonces por el llano de los prados y Puente el Catalán a buena profundidad hasta la balsa concejil, pero los prados la escotaron hasta fracturarse en más de una ocasión. También se dio la circunstancia que los celadores de las aguas acostumbraban a ser muchachos y no hombres de razón para cumplir la voluntad de algunos. En este caso el propósito de cumplir el bien general se deshilaba a cada giro.

                No menor dificultad ofrecía el suministro de vestido a los vecinos. El procurador síndico y del común se quejó el 18 de abril de 1602 que los tejedores de paños cobraban 2 ducados por tejer un paño seteno normal que antes costaba 16 reales o un ducado y medio. El aumento del 37% del valor se juzgó de manejo de una junta y monipodio de gentes indeseables que solo merecían la amenaza de ser sancionados con mil maravedíes o dos ducados y medio. En nombre del bien común nada se aducía a favor del castigado textil requenense, tan maltratado por las circunstancias como el de otras localidades pañeras de Castilla.

                Reformismo y arbitrismo.

                En la Castilla de Felipe III se prodigaron una serie de hombres dispuestos a dar consejos al rey para enderezar los asuntos del reino. Pronto merecieron las burlas y el menosprecio de muchos por la insensatez de la que hicieron gala. Cervantes y Quevedo lanzaron mordaces censuras a aquellos arbitristas que navegaron entre la extravagancia y la ambición cortesana. Los más grises historiadores de las últimas décadas han sido más considerados que los brillantes literatos del Siglo de Oro con ellos. Han descubierto y reivindicado, con razón, a unas personas preocupadas por el abatimiento castellano. Intentaron comprender las razones que habían conducido a tal estado y muchas veces propusieron remedios que en ocasiones anticiparon el pensamiento mercantilista.

                La meditación arbitrista, de largos antecedentes, brotó en una Castilla en la que cada concejo, como el de Requena, contó con un grupo de personas al tanto de los problemas generales del reino. Acostumbrados a enviar a sus emisarios y tratadores a la Corte, motivo de fuertes gastos, desarrollaron planteamientos de reforma y restablecimiento de carácter particular, ciertamente, pero que podían redundar en provecho de Castilla.

                Bien podemos decir que los debates en ayuntamiento entre los regidores fueron uno de los primeros pasos del arbitrismo, que al salir de las salas consistoriales extendió su mirada más allá de las tierras del término y se expresó con el aplomo de un doto galeno para constatar el duro horizonte de obligaciones, pobreza e impuestos que se cernió sobre cada microcosmos, cada pedazo, de Castilla.

                En la otrora ufana ciudad de Cuenca, cabeza de una provincia castellana y activa productora de tejidos de lana, su consistorio se dolió el 13 de septiembre de 1600 de la carga de los millones para atender a los compromisos de una monarquía demasiado comprometida. Se recordó que en el pasado los concejos habían tomado censos para cumplir con el servicio real al no bastar los arbitrios, por lo que redujeron a la labranza muchos pastos de los ganados. Cuando la miseria de los labradores se extendió y los hacendados cargados de gastos no les arrendaron sus bienes, muchos terrazgos quedaron vacantes. Entonces los endeudados municipios no vieron más solución que gravar el vino con sisas, cuando en muchos lugares no había ni vino ni dinero para comprarlo.

                Tras su exposición, los regidores de Cuenca pidieron el respeto de sus privilegios por el rey y la contribución de los eclesiásticos. Su postura se parece mucho a la de los de Requena, que también por no haber arriesgado audacias arbitristas ante una monarquía temida, con la que convenía estar a bien, terminó cayendo en la asfixia de los arbitrios, que tanto perjudicaron a tanto Sancho Panza.

                Fuentes.

                ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE REQUENA.

                Libro de acuerdos municipales de 1600-07, nº. 2894.

                Ordenanzas municipales de 1613, E-6112.

                ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS.

                Patronato Real, legajo 85, documento 536.