UN INTENTO DE LIMITAR LA INICIATIVA COMERCIAL DE LOS REQUENENSES (1627). POR VÍCTOR MANUEL GALÁN TENDERO.

            El comercio ha sido una fuente de poder desde tiempos inmemoriales, pues no sólo ha proporcionado grandes riquezas sino que también las ha retirado. Una equivocada política comercial ha arruinado a un reino y ha encumbrado a su rival. De ello fueron muy conscientes los castellanos desde Alfonso X el Sabio al menos. Los impuestos sobre las transacciones mercantiles y las prohibiciones de exportación e importación de determinados productos iban encaminadas a fortalecer en teoría la economía del reino y a llenar las arcas del rey.

            Las relaciones entre el monarca y las fuerzas sociales de su reino, representadas  en Cortes en cierta medida, pasaron por muchos altibajos en Castilla desde el siglo XIII al XVII. No siempre las decisiones reales sobre el comercio coincidieron con las de los castellanos, habitantes de una extensa y variopinta Corona muy diversificada regionalmente.

            Cuando Felipe IV comenzó su reinado en 1621 una buena parte de los castellanos ya habían expresado de forma contenida su malestar ante la carga de una Monarquía que cada vez requería más sacrificios suyos. El Atlante parecía a punto de desmoronarse. Portugal y la Corona de Aragón también deberían de asumir sus responsabilidades, algo que no se contemplaba de igual manera en aquellos territorios.

            Requena compartía con otras localidades castellanas muchas tribulaciones, si bien a diferencia de otras gozaba de la calificación de pueblo de casas de aduana, lo que comportaba una tarifa especial de compra del trigo valenciano, la licencia de saca del pan de la mar y el permiso de saca de grano hacia Valencia y Aragón pagando el diezmo. Los ganados que pasaban a pastar al reino de Valencia, asimismo, tenían el privilegio mesteño del paso de harina y bastimentos, que desde 1592 se suspendió al cobrarse dos reales por cada fanega de cebada y harina con no poca protesta.

            De cara al abastecimiento triguero en una época de importantes crisis de subsistencias no era nada baladí.

            Lo que para Requena constituía un respiradero, para la Monarquía representaba un terrible quebradero de cabeza. Por los puertos secos se derramaba la menguante riqueza de Castilla en provecho de avispados mercaderes extranjeros, algunos de ellos de naciones enemigas, capaces de intervenir en los cambios monetarios, el abastecimiento frumentario, el abastecimiento de productos de lujo y el arrendamiento de impuestos. Bajo el conde-duque de Olivares ganaron fuerza las ideas que hoy en día llamaríamos proteccionistas, tendentes a preservar la economía del reino del espolio. De raíz clásica, los arbitristas las pusieron en circulación y con matices pasaron a formar parte del pensamiento mercantilista europeo, cuyo culmen fueron las ideas de Colbert bajo Luis XIV.

            Con la creación del Almirantazgo, Olivares les imprimió un sesgo belicista dentro de la guerra de los Treinta Años, un complejo conflicto mundial que abrazó varios enfrentamientos, como el de España con las Provincias Unidas desde Asia a Europa pasando por las Américas. Si se castigaba el comercio del enemigo, se abatiría su poder con mayor efectividad y se economizarían recursos militares. 

            El 16 de diciembre de 1627 el fiscal del Consejo de Castilla Juan Chumacero y Carrillo anunció que el rey se reservaría de manera más estricta los permisos de saca de metales preciosos, granos, caballos y armas hacia los reinos no castellanos.

            Desde el siglo XV, antes de los Reyes Católicos, las economías de muchas comarcas castellanas y valencianas habían resultado complementarias, intercambiándose los productos mediterráneos y ciertas manufacturas extrapeninsulares por los trigos, las lanas y los ganados del interior meseteño. Con la unión dinástica de reinos se mantuvieron los límites fiscales de los puertos secos con vistas a la tributación y al reparto de mercedes económicas, asignadas sobre sus rentas, a determinados fieles por sus servicios a los reyes.

            En 1627, sin embargo, las cosas ya se miraban de otra manera y el propio fiscal manifestó su malestar con los codiciosos habitantes de la raya, que según él llegaban a acumular beneficios del orden del 40%, una aseveración que a veces estaba lejos de la realidad.

            Al ponerse coto a los codiciosos, Castilla tendría mayor abundancia de moneda, los precios bajarían y abundarían más los alimentos y el ganado. Desgraciadamente todo ello era más una simplificación propia de arbitrista que el fruto de un análisis riguroso de la situación. La inflación nacía de las carencias productivas de la economía castellana y de la fiscalidad y la manipulación regia de la moneda. Claro que acusar a Su Majestad y sus ministros de ciertos males era mucho más osado y peligroso que recriminar de codiciosas a personas como las de Requena.

            Fuente.

            ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL, Diversos, Mesta, 173, N. 6.

            ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE REQUENA, Documento 1374.